Según la ESB¹, el fraude documental es actualmente la tercera industria criminal más grande del mundo. ¿Una de sus principales áreas de actividad? El fraude crediticio, que es responsable de miles de millones de euros en pérdidas para las entidades financieras, graves perjuicios para los particulares y fuente de financiación del terrorismo y la delincuencia organizada.
La creciente digitalización de los usos, acelerada por la llegada de las fintech, pure players y la crisis sanitaria, ha abierto nuevas oportunidades para los estafadores. La tasa de fraude es 10 veces mayor en línea que fuera de línea.
Los bancos han puesto en marcha todo un arsenal de soluciones (KYC, comprobaciones de integridad de documentos, reglas de negocio, etc.) que les permiten eliminar el 90% del fraude upstream. Pero para eliminar el 10% restante que tiene un fuerte impacto en el negocio, y adaptarse a las constantes innovaciones de los estafadores, la lucha es cada vez más compleja y costosa.
Desde fotos tomadas con un teléfono inteligente hasta fotocopias de recibos de pago enviados por correo, los canales y formatos de documentos se multiplican. La recopilación de estos documentos, la verificación de su autenticidad y consistencia, al mismo tiempo que cumple con los requisitos de los reguladores, requiere cada vez más recursos y habilidades, sin certeza de borrar archivos fraudulentos.
Doble golpe: los procesos utilizados a menudo dañan la experiencia del cliente y el ciclo de ventas.
Acostumbrados a experiencias de clientes rápidas y fluidas, los clientes potenciales tienen poca tolerancia a tener que enviar un documento que saben que es auténtico varias veces para cumplir con el proceso de verificación de un banco. Tampoco tienen la paciencia para esperar semanas por una respuesta de elegibilidad. El resultado: un alto riesgo de abandono frente a competidores más ágiles y una experiencia que daña la imagen de servicio de la marca.